Tal y como recoge la propia Ley de Emprendedores en su preámbulo, venimos atravesando una grave y larga crisis económica que ha originado profundas consecuencias sociales. Es un hecho que entre los años 2008 y 2012 se han destruido casi 1,9 millones de empresas en España, siendo más del 99,5% de ellas pymes. La situación es especialmente dramática entre los jóvenes empresarios de entre 15 a 39 años, con una caída de más del 30% desde 2007, según datos publicados por el Gobierno de España. Frente a esta desoladora cifra encontramos que se han constituido 1,7 millones de nuevas empresas, un dato nada desdeñable que pone de manifiesto la voluntad firme y decidida de nuestros empresarios de buscar alternativas emprendedoras en tiempos difíciles.
Esta situación justificaba por sí misma la necesidad de emprender reformas favorables al crecimiento y la reactivación económica que ayudaran a impulsar la actividad, no solo de manera coyuntural, sino también que se abordaran los problemas estructurales del entorno empresarial con el fin de que se fortalezca la red de empresas de forma duradera.
Para lograr invertir la situación actual de nuestro tejido empresarial, se hace necesario también un cambio de mentalidad para que la sociedad valore más y mejor la actividad emprendedora y la asunción de riesgos de los empresarios, como lo hacen nuestros más directos competidores, que ven el emprendimiento como un valor siempre positivo, incluso cuando se ha fracasado en el proyecto. En la sociedad anglosajona es frecuente ver a empresarios que a lo largo de su vida mercantil se han arruinado en varias ocasiones y continúan abarcando nuevos proyectos. Son vistos por sus conciudadanos con admiración por su coraje al enfrentar las adversidades en lugar de tener una impresión peyorativa de ellos por su falta de éxito ocasional.
Antes de todo, hay que valorar más el riesgo empresarial y mejorar el acceso a la financiación
Una vez solventado el escollo del cambio de mentalidad, se hace necesario hacer frente a uno de los mayores problemas con los que se encuentran estructuralmente las empresas, esto es, las dificultades para acceder a la financiación; por ello resulta esencial impulsar canales, tanto bancarios como no bancarios, que contribuyan a suavizar los efectos asfixiantes que sobre las empresas ha venido ejerciendo la restricción del crédito durante los últimos años.
Ante este escenario, por fin nos hemos dado cuenta que los mercados internacionales son una fuente esencial de crecimiento en un contexto de globalización caracterizado por una integración de los mercados cada vez mayor, la idea generalizada de aldea global y de la creciente igualdad en las tendencias de consumo.
La crisis económica ha puesto de manifiesto el mejor comportamiento de las empresas que buscan mercado en el extranjero y la importancia de la internacionalización como factor de crecimiento y diversificación del riesgo. Las empresas con presencia en el exterior experimentan ganancias de productividad, mejoras en la gestión, mejor capacidad de acceso a la financiación y son, en definitiva, las que tienen mayor capacidad para crecer y crear empleo. Ahora más que nunca la internacionalización se revela como un motor clave del crecimiento económico a largo plazo.
Los flujos internacionales están cambiando a una velocidad tan acentuada que las empresas tienen que desarrollar políticas y prácticas específicas para apoyar su expansión en otros países, por ello frente a esta realidad, la mayor parte de los países de la OCDE están implantando nuevos marcos normativos que son, sin duda, un elemento de competitividad. Los países más avanzados disponen ya de sistemas especialmente diseñados para atraer inversión y talento con procedimientos ágiles y cauces especializados.
Los países más avanzados disponen ya de sistemas diseñados para atraer inversión y talento
En nuestro país, a través de la nueva Ley de Emprendedores, se pretende promover la internacionalización con un refuerzo del marco institucional y el fomento de algunos de los principales instrumentos financieros de apoyo a la misma. Esta normativa introduce un proceso de definición conjunto entre el sector público y el privado, que se plasmará en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española, con una periodicidad definida y bajo las directrices del Ministerio de Economía y Competitividad.
Por otro lado están los instrumentos y organismos comerciales y de apoyo a la empresa que sirven para fortalecer el servicio exterior del Estado y para potenciar tanto la actuación de la red exterior y territorial del Ministerio de Economía y Competitividad, como el papel de Icex España Exportación e Inversiones para que se posicione como un organismo de impulso a la internacionalización y competitividad de las empresas españolas en todas las fases del proceso. También se prevén otros instrumentos y organismos de apoyo a la internacionalización dirigidos a impulsar que las empresas españolas tengan un mayor acceso a los proyectos abiertos a concurso por las instituciones financieras internacionales en otros países.
Ahora solo nos queda comprobar de forma efectiva la puesta en práctica, la transparencia, agilidad y eficacia de las medidas previstas en la ley para que supongan un verdadero instrumento de apoyo a la internacionalización de nuestras empresas.
Marisa Moreno Castillo es responsable de la Oficina de internacionalización de empresas de Gaona Abogados.